A la luz de la actual revisión por parte del gobierno español de su prohibición legal de que los supermercados vendan productos agrícolas por debajo del precio de compra, y del debate de la industria bananera en torno al precio de contrato propuesto por ALDI para 2021, el Coordinador de Política y Comunicación de Banana Link, Paul Lievens, reflecciona sobre cómo una prohibición amplia a nivel mundial podría contribuir a unos precios más justos para los productores de banano de exportación.
El Congreso de los Diputados de España está celebrando actualmente audiencias en una revisión de su Ley de la Cadena Alimentaria que introdujo en 2013 con el objetivo de corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los productores agrícolas y los minoristas. En particular, el debate se centra en las disposiciones añadidas al Real Decreto-ley en febrero de 2020, que introducen la prohibición de que los minoristas vendan productos agrícolas a pérdida, y exigen que los minoristas paguen a los productores un precio igual o superior a los costos de producción.
En su contribución al debate, la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) pide una exención a estas disposiciones, ya que les obliga a vender a un precio mínimo que les deja en desventaja competitiva frente a bananos más baratos importados de América Latina, que no están sujetos a medidas similares de mantenimiento de precios. Dado que, como Banana Link y muchos otros han argumentado durante muchos años, los precios pagados por los minoristas europeos por los bananos importados son demasiado bajos para cubrir los Costos de Producción Sostenible, sugeriríamos que el problema debería considerarse en términos de que las importaciones latinoamericanas son demasiado baratas, en lugar de que los bananos de las Islas Canarias sean demasiado costosos.
Sin embargo, esta afirmación no servirá para animar a los productores canarios en su comprensible deseo de liberarse de la falta de competitividad impuesta por la ley. Pero sí plantea preguntas sobre cómo las fuerzas del mercado que son responsables de mantener los precios insostenibles pagados a los productores latinoamericanos por los minoristas europeos podrían ser empujados hacia arriba al nivel de los Costos de Producción Sostenible.
Los productores que exportan desde América Latina y otras regiones productoras se enfrentan actualmente a muchos retos, tales como: controlar y evitar la amenaza de la Raza Tropical 4, adaptarse al cambio climático, realizar la transición a métodos de producción más sostenibles, obtener ingresos justos en el caso de los pequeños agricultores familiares salarios justos en el caso de lo/as trabajadores de las plantaciones, y hacer frente a otros costos sociales y medioambientales externalizados a lo largo de la cadena. A todo ello, habría que agregar los costos adicionales derivados de la aplicación de medidas para contener la propagación del Covid-19.
Como alegó un productor latinoamericano en una mesa redonda del Foro Mundial Bananero a la que asistí en Fruit Logistica, en Berlín, el pasado mes de febrero: “¿Cómo pueden esperar que afrontemos todos estos retos si no obtenemos un precio justo por nuestros bananos?”.
Una muy buena pregunta que, hasta la fecha, todavía no ha sido respondida de forma exhaustiva por los t de la cadena bananera, y que ha sido revivida de nuevo a raíz del anuncio del precio contractual propuesto por Aldi para 2021. Si bien los llamamientos a la buena voluntad de los minoristas pueden proporcionar un alivio temporal, en última instancia los minoristas son entidades comerciales sujetas a las “leyes de hierro” de una economía de mercado capitalista que les exige mantener los costos al mínimo y maximizar los beneficios para sus accionistas. Como tal, una solución sostenible y duradera requerirá probablemente algún tipo de intervención en el mercado, tal vez en la línea de la Ley de la Cadena Alimentaria española, ampliada internacionalmente para proteger a los productores y exportadores de América Latina y de otros continentes.
Es cierto que se puede argummentar que la ley de competencia del Reino Unido, y por extensión, la ley de competencia europea en la que se basa, hace poco para proteger a los productores de los desequilibrios en la negociación con los poderosos minoristas europeos. Basada en la noción de que una competencia sana ofrece el mejor trato a los consumidores, la ley de competencia no prevé que, al cumplir con esa noción, pueda ser a expensas de los productores, como lo demuestra claramente la “carrera hacia el fondo” en la fijación de precios del banano que los supermercados del Reino Unido han emprendido en los últimos diez o quince años.
El gobierno del Reino Unido al menos ha reconocido esta situación y ha hecho algunos esfuerzos para solucionarla mediante la creación del Árbitro del Código de los Minoristas (Groceries Code Adjudicator – GCA) en 2013, con poderes para hacer frente al abuso de poder de compra por parte de los supermercados para imponer prácticas comerciales desleales a los productores. Pero dado que la reparación que se ofrece se limita a los proveedores directos de los supermercados dentro del Reino Unido, es poco beneficiosa para los productores de banano. E incluso si se extendiera más allá de las fronteras del Reino Unido, el Código de Prácticas de Suministro de Comestibles sólo se aplica a determinadas prácticas comerciales desleales, como la modificación unilateral de los contratos o la retención de pagos a los productores sin una justificación contractual legítima. El asunto de la negociación del precio de venta en sí no se encuentra entre ellos. Además, las propias investigaciones del GCA sugieren que al menos algunos productores no están dispuestos a morder la mano que les da de comer denunciando a un minorista que actúa injustamente al Arbitro.
La Unión Europea también ha reconocido la necesidad de regular los desequilibrios de poder de negociación entre los grandes minoristas y los productores en su adopción de la Directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en las cadenas de suministro agrícolas y alimentarias. Y aunque la Directiva puede ofrecer reparación a los productores de ultramar que venden directamente en los mercados de la UE, al igual que el Código del Reino Unido, solo se aplica a una lista similar de prácticas comerciales desleales específicas, posteriores al establecimiento de un contrato entre el proveedor y el minorista, pero no a la negociación del precio en primera instancia.
La certificación Fairtrade ha demostrado, a través de los precios mínimos garantizados que paga a los agricultores, que comercializar bananos (y otros productos) con una prima y un precio justo pagado a los productores no es imposible. Sin embargo, dado que se trata de un sistema voluntario destinado a beneficiar a productores cuyos métodos de producción y prácticas de empleo cumplen con las normas éticas especificadas, los que quedan fuera del sistema siguen expuestos a la presión de los minoristas sobre los precios. Esto no quiere decir que los precios del comercio justo estén totalmente desvinculados de la realidad económica de la oferta y la demanda del mercado, pero, y sé que esto suena muy evidente, si todo el comercio pudiera ser fácilmente “comercio justo”, no estaría escribiendo este artículo!
Lo que me lleva de nuevo al punto de partida, que es la prohibición de que los minoristas vendan productos por debajo del precio de compra. No sólo los españoles tienen esta disposición legal, sino también Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Portugal. Sin entrar en los detalles de las leyes de cada uno de estos países – puede hacerlo aquí: https://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Chapter-Nine-Regulations-in-Other-Jurisdictions.pdf -, la premisa original de muchas de ellas era disuadir de la fijación de precios predatorios por parte de un minorista en un intento de socavar a los competidores o de desalentar la entrada de nuevos participantes al mercado minorista, más que proteger a los productores de los minoristas “predatorios”.
En el Reino Unido no existe tal prohibición de vender por debajo del precio de compra, pero la ley de competencia británica sí prevé la adopción de medidas reglamentarias contra los minoristas que abusen de su posición dominante en el mercado y apliquen “precios predatorios” de forma anti-competitiva.
Y aunque las diversas prohibiciones de vender por debajo del precio de compra en toda Europa pueden no haber sido diseñadas con el propósito de proteger a los productores y garantizar que reciban precios que cubren los “costos de producción sostenible” por sus productos, Banana Link está empezando a preguntarse si una prohibición en este sentido, extendida a los productores de ultramar, podría ser una forma de revertir la “carrera hacia el fondo”.
De cara al mundo pos-pandémico, parece probable que sea necesario algún tipo de reconstrucción económica similar a la que se produjo a nivel mundial tras la Segunda Guerra Mundial y, para ello, los gobiernos eliminarán algunos de los enfoques económicos neoliberales que han llegado a dominar el comercio mundial en los últimos cuarenta años y recurrirán a políticas más intervencionistas para apoyar el desarrollo económico pos-pandémico. De hecho, los planes de Joe Biden para “reconstruir mejor” en EE.UU., junto con el nombramiento de Bernie Sanders como presidente de la Comisión del Presupuestos del Senado, parecen señalar un movimiento en esa dirección, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris tiene un historial de campaña por los derechos de los trabajadores agrícolas en el país y ha señalado iniciativas en torno a la justicia alimentaria.
Por lo tanto, es posible que estemos viendo un mundo cada vez más comprensivo y receptivo a la intervención del mercado para proteger a los productores de bananos de exportación y a los y las trabajadores de las plantaciones y sus comunidades que dependen de este comercio para su sustento, al igual que los productores de las cadenas de suministro globales de otros productos afectados por los mismos problemas que el comercio bananero internacional.
No es que en Banana Link no vayamos a continuar con nuestros esfuerzos en otros frentes para promover un comercio justo y sostenible, como, por ejemplo, nuestro compromiso de promover un diálogo constructivo entre las partes interesadas de la industria a través del Foro Mundial Bananero, de educar a los consumidores para que realicen compras éticamente informadas, de fortalecer las capacidades de las organizaciones de pequeños agricultores y de los sindicatos de trabajadores de las plantaciones, pero, cuando miramos al futuro, es posible entrever un mundo que inspira el optimismo por un mejor comercio bananero.
Paul Lievens
26 de enero de 2021
Photo: Banana Link
